Por Fernando Diez
Para LA NACION
Miércoles 14 de noviembre de 2007
El reciente encuentro de líderes mundiales en las Naciones Unidas deparó una cierta sorpresa cuando el presidente Bush, que en 2001 había puesto en duda la validez científica de las observaciones respecto del cambio climático, propuso la creación de instrumentos de compensación para fomentar que las naciones en desarrollo adopten políticas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. La razón del desconcierto se debe a que esos instrumentos ya existen. Son las compensaciones llamadas “bonos de carbón” que contempla el Protocolo de Kyoto, al que han adherido la mayoría de las naciones. Estados Unidos no. A pesar de todo, se trata de un cambio en la política de la administración Bush, que anunció en mayo que estaba dispuesta a reducir las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos, pero a condición de que la India y China se comprometieran a hacer lo mismo (LA NACION, 31/5/2007).
Esa condición se basa en una falsa simetría y constituye una intolerable manera de consolidar las injustas asimetrías del mundo.
Sabemos que sería deseable que para lograr su industrialización China, la India o Brasil (al igual que muchos de los países en desarrollo) no cometieran los mismos excesos de países como Estados Unidos, que es el mayor productor de gases nocivos al medio ambiente.
Estados Unidos es responsable por una cantidad desproporcionada de las emisiones globales diarias que están causando el calentamiento de la atmósfera. Su consumo de energía per cápita es muchas veces mayor que el de los países a los que pretende compararse la política del presidente Bush. Con sólo un décimo de la población mundial, EE.UU. es responsable de un cuarto de las emisiones de efecto invernadero que están provocando los cambios ambientales que afectarán a todas las naciones, no sólo a aquellas que producen más basura atmosférica.
Esta posición política pretende considerar simétricamente condiciones que son asimétricas. Hay algunos aspectos por tener en cuenta. En primer lugar, las condiciones necesarias, en cuanto a disposición de recursos, para que las naciones puedan desarrollarse económica, tecnológica y humanamente. Porque las naciones hoy más adelantadas consiguieron su desarrollo industrial utilizando energía barata, quemando a discreción, por no decir salvajemente, primero sus bosques y carbón, durante el siglo XIX, y después el petróleo del subsuelo, durante todo el siglo XX. La libre disposición de ese capital fósil facilitó su industrialización, generando los excedentes de capital que hoy se transformaron en avanzado desarrollo tecnológico.
Fue esa actividad, precisamente, la que impulsó sostenidamente el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y el consecuente aumento de la temperatura del planeta. Según describen los gráficos, crecieron en forma simétrica durante todo el siglo XX, hasta los actuales niveles críticos.
En un período de cien años, digamos entre 1890 y 1990, las naciones industriales produjeron mayor cantidad de emisiones que las que no se industrializaron al mismo ritmo. ¿Por qué estas últimas no tendrían el derecho de quemar una cantidad equivalente, digamos entre 1940 y 2040, o sea, de consumir el capital fósil que ahora necesitan para desarrollar sus economías? ¿Por qué otras lo hicieron primero? ¿Por qué aquéllas son más fuertes económica, militar o tecnológicamente para imponer su criterio? Esto no parece ser un principio de derecho.
Es cierto que las críticas condiciones de la atmósfera terrestre y las inminentes catástrofes que producirá el calentamiento global reclaman no solamente que las naciones que más consumen (como EE. UU.) reduzcan drásticamente su consumo de energía a los niveles de los años 90, como lo aconsejó el Protocolo de Kyoto, sino también que las naciones que recién ahora se están modernizando, incorporando a millones de personas a los beneficios de la tecnología moderna, lo hagan de un modo más sustentable de lo que lo hicieron los primeros. Pero esto es más caro. A veces tanto más que resulta inalcanzable.
La solución no es simple, pero la dirección para buscarla es clara. Los problemas ambientales no son nacionales, sino globales. De modo que se trata de una responsabilidad compartida, por las toneladas ya producidas de dióxido de carbono, las que necesitan producirse para la subsistencia de los países adelantados y las que necesitan producir otros países para desarrollarse. Pero la suma es una sola y su efecto será también uno solo: el cambio climático. Quizá nos afecte en forma despareja, pero no sabemos todavía cómo. Lo que sí sabemos es que las consecuencias serán catastróficas y que, por lo tanto, cada dólar que se invierta hoy en prevenirlas ahorrará muchos miles de los que harán falta en cada lugar donde deban paliarse sus efectos.
En definitiva, si las naciones avanzadas desean que las naciones en desarrollo no quemen hoy el capital fósil que ellas quemaron ayer para industrializarse, deberían compartir el mayor costo de un desarrollo más sustentable y más caro. Aunque parezca revolucionario, este principio es precisamente el que ya ha comenzado a aplicarse con los llamados “bonos de carbón”. Estos ingeniosos instrumentos de transferencia económica incentivan a las industrias del Tercer Mundo a mejorar su performance ambiental. Pero este es apenas el principio. Muchos más instrumentos de compensación deberían instrumentarse en los próximos años. Entre ellos, la transferencia gratuita de tecnologías sustentables, para lo cual habrá que encontrar mecanismos para compensar a las empresas que invirtieron en desarrollarlas.
Europa, de distintas maneras, ha mostrado la disposición a aceptar este tipo de principio que podemos llamar “costo ambiental compartido del desarrollo”. Pero es necesario sumar a los EE.UU. a esa posibilidad. Hasta ahora esa nación se ha negado incluso a adherir a los compromisos de Kyoto. En cambio, se ha constituido en un fuerza negativa, difundiendo estilos de vida no sustentables mediante su poderosa industria cultural (por ejemplo, promocionando las camionetas 4x4 y la vida en extensos suburbios dependientes del automóvil). Una tendencia que debería revisar, corrigiendo su política energética, urbana y de transporte. El incremento desmedido de la suburbanización de las ciudades norteamericanas ha creado tal dependencia del automóvil en la mayoría de su población que los autos estadounidenses producen hoy el 45% del total de las emanaciones mundiales de ese origen. Sir Norman Foster, el mundialmente conocido arquitecto británico, ha subrayado que Copenhague y Detroit se encuentran a la misma latitud y tienen poblaciones similares, pero que esta última consume dos veces más energía.
Sin embargo, no toda la sociedad americana vive en la negación de estos problemas. Nuevas visiones más conservacionistas han empezado a tomar cuerpo. El ex vicepresidente Al Gore se ha convertido en la conciencia ambiental de la nación que más consume y que, por esa misma razón, tiene la posibilidad de realizar las mayores reducciones en sus emisiones de dióxido de carbono. Hace poco ha recibido el Premio Nobel de la Paz y su voz comienza a ser escuchada en la sociedad norteamericana, ayudándola a comprender que no hay salvación posible en el aislacionismo y las soluciones unilaterales. El planeta es uno solo. Y por lo tanto, ninguna nación debería sentirse con derecho a producir emanaciones sin control.
El autor es arquitecto, especialista en desarrollo urbano y medio ambiente y profesor universitario.
Fuente: La Nacion
